Desde la entrada en vigor el pasado 1 de enero del Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de los servicios públicos portuarios, de las actividades comerciales e industriales, y de las tasas de los puertos de Andalucía, publicado en el BOJA el 31 de diciembre de 2011, los puertos deportivos gestionados directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) han sufrido un descenso cercano al 30% en Huelva. Una auténtica desbandada que ha afectado a los puertos deportivos más importantes de la provincia pero especialmente al de Punta (capacidad para 267 amarres). Es el caso más sangrante, con un descenso del 50% (unas 100 bajas de embarcaciones), o al de Mazagón (capacidad para 647 amarres), donde el descenso se sitúa en torno al 30% (unas 150 bajas).

El principal motivo de esta auténtica desbandada está en el incremento de aproximadamente un 30% que han sufrido las tasas por el uso de estas instalaciones desde la entrada en vigor de un decreto que ha hecho que el propietario de una embarcación de tipo medio tenga que pagar en 2012 en torno a 2.400 euros anuales por un amarre, frente a los 1.800 euros que abonó en 2011 por el mismo periodo de tiempo. La subida afecta a puertos deportivos importantes de la provincia, gestionados por la APPA, como el de Ayamonte (35% de bajas en lo que llevamos de año y capacidad para 317 amarres); Isla Cristina (10% y capacidad para 204 embarcaciones) o Marina Isla Canela (5% y capacidad para 231 amarres).

Esto se traduce en que unas 400 embarcaciones de recreo han causado baja en estos puertos en tan sólo siete meses.

En defensa de la subida de tasas, fuentes de la APPA señalaron en su día que ésta responde a que en los últimos años se han realizado enormes inversiones de dinero público al objeto de mejorar, modernizar y dotar de una mayor seguridad a estos puertos, que se ha traducido en mejores servicios, repercutiendo en el coste final por su uso. También alegan que se trata de la primera vez en 20 años que se cobra por el agua y la electricidad consumidas por los usuarios, así como por la eslora real de cada embarcación.

Además señalan que lo que realmente ha hecho que se incremente el coste final de un amarre en un puerto deportivo gestionado directamente por la APPA, ha sido la supresión de algunas bonificaciones para sus usuarios pues no hay que pagar derechos de inscripción, como sucede en los clubes náuticos privados concesionados, que se están convirtiendo en los principales receptores de las numerosas embarcaciones que están abandonando los puertos públicos.

Clubes náuticos privados, que aprovechan la coyuntura, están ofreciendo en algunos casos sustanciosas ofertas como Marina El Rompido y otros situados en el Piedras o el Real Club Marítimo y de Tenis y el Club Deportivo Náutico, ambos en Punta Umbría. Este último es un ejemplo claro si tenemos en cuenta que, según su tesorero Gaspar Llinares, ha cursado en lo que llevamos de año más de 20 altas de embarcaciones procedentes de puertos de la APPA, especialmente del de Punta.

Para Llinares, la subida de entre el 30% y el 35% que se ha producido en los puertos públicos "la están compensando los propietarios de estas embarcaciones en instalaciones náuticas deportivas concesionadas como la nuestra, que hoy por hoy son un 30% más baratas". Por poner un ejemplo, Llinares pone de relieve que en el Puerto Deportivo de Punta Umbría una embarcación de entre 6 y 7 metros puede estar pagando al año una media de 2.500 euros, mientras que en nuestras instalaciones, acogiéndose a la tarifa más reducida, un barco de 8 metros paga 1.541 euros por el mismo periodo.


Fuente: Espantada en los puertos públicos deportivos